Detienen a 10 personas por millonario fraude al Estado en cuatro municipios del Maule y el GORE

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público confirmaron la detención de 10 personas en la Región del Maule, acusadas de integrar una asociación criminal que defraudó al Estado por una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos.

Las autoridades detallaron que el desfalco fiscal asciende a 2.972 millones de pesos, a los que se suman al menos 316 millones de pesos vinculados a operaciones de soborno. Las instituciones afectadas por estos ilícitos corresponden a las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además del propio Gobierno Regional (GORE) del Maule, organismo que también figura como denunciante en la causa.

Perfil de los detenidos y situación en el GORE

El operativo permitió la captura de tres empresarios particulares y siete funcionarios públicos. Desde la PDI aclararon que los empleados públicos involucrados "no son altas autoridades de las municipalidades, sino que son empleados de distintas áreas de servicio".

Respecto a la situación específica en el Gobierno Regional del Maule, se precisó la condición laboral de los implicados. "Del Gobierno Regional, como se consulta, sí son dos de los detenidos, uno que está renunciado y el otro está suspendido de funciones", confirmó la autoridad policial durante el punto de prensa.

Modus operandi y masivo allanamiento

La investigación, denominada "Castillo de Naipes", inició formalmente en octubre de 2024 y es liderada por el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Linares.

Sobre la forma en que operaba la red, se explicó que el fraude se ejecutaba mediante la "falsificación de instrumentos públicos", la manipulación de facturas y el posterior cobro de estos documentos a través de empresas de factoring por parte de los privados involucrados, configurando el delito de malversación. Los ilícitos perseguidos incluyen fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas, delitos tributarios y lavado de activos.

Para concretar las capturas, se desplegó un amplio operativo de madrugada. "Operaron alrededor de 70 detectives, en la cual se dio cumplimiento a 13 órdenes de entrada de registro y órdenes de detención" en domicilios particulares, incautándose diversos aparatos electrónicos para su análisis.

Ante la gravedad de los hechos, que afectan gravemente la fe pública, el Ministerio Público confirmó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para los 10 detenidos durante la audiencia de formalización.

GORE se pronunció sobre el caso y aclaró que las irregularidades comenzaron antes de su administración

El gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), se pronunció sobre el caso y aclaró que las irregularidades comenzaron antes de su administración. "Este es un tema que viene pasando desde el 2024 hacia atrás. Nosotros asumimos el 2025 y la primera gestión que hicimos fue presentar una denuncia el 7 de abril", señaló la autoridad.

Según detalló Álvarez-Salamanca, los funcionarios públicos implicados en el GORE trabajaban en el área de presupuesto e inversión, donde administraban los proyectos vinculados a la constructora investigada. Tras la denuncia interna, un trabajador renunció voluntariamente y otro fue suspendido de sus funciones tras la apertura de un sumario administrativo. El perjuicio específico para las arcas del Gobierno Regional se estima en unos $90 millones.

Ante la gravedad de los antecedentes, el 17 de abril de 2025 la repartición presentó una querella criminal para salvaguardar el patrimonio fiscal. "Aquí lo más importante es resguardar los recursos públicos y la fe pública. El Gobierno Regional está tomando todos los resguardos desde un inicio", concluyó el gobernador, enfatizando la necesidad de recuperar los fondos estatales.