Aumentan casos de invalidez en un 80% y crece sospecha de fraude tipo licencias médicas

El uso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) ha registrado un aumento sin precedentes que ha encendido las alarmas en diversos sectores. En 2023 se reportaron más de 18.000 siniestros por invalidez, lo que representa un incremento del 80% en comparación con el promedio histórico.

Entre 2009 y 2014 se registraban, en promedio, 12.500 casos anuales. En el período 2019-2024, esa cifra aumentó en un 47%, una tendencia que no se explica por causas médicas ni demográficas, sino que coincide con épocas de alto desempleo, lo que sugiere un uso del SIS como vía de retiro anticipado encubierto del mercado laboral.

"Tal como ocurre con las licencias médicas, aquí también hay personas que se benefician indebidamente de un mecanismo, desplazando recursos que deberían estar disponibles para quienes realmente lo necesitan", advirtió Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), en una reciente columna publicada por el Diario Financiero.

Un patrón que se repite

Este fenómeno no es aislado. En mayo de 2025, una investigación de la Contraloría reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, acumulando más de 8 millones de días de reposo y un perjuicio fiscal estimado en USD 350 millones.

Ambos casos exponen un mismo problema de fondo: un sistema de beneficios sociales con controles débiles, que permite que mecanismos diseñados para proteger a quienes más lo necesitan sean utilizados de forma abusiva y sistemática.

Incluso el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió en una columna publicada en El Mercurio que "el mal uso de las licencias médicas es la principal causa del déficit financiero de la salud pública". En el caso del SIS, la lógica es similar: el abuso del sistema perjudica directamente a todos los cotizantes, y en particular, a quienes realmente necesitan este beneficio como respaldo ante una invalidez legítima.

"Los incentivos están puestos para que todas las personas traten de recibir ese SIS. La gente estaba arbitrando, o sea, buscando que le declararan algún grado de invalidez para acceder a este seguro y además poder seguir trabajando", señaló a El Mercurio, la economista Cecilia Cifuentes, en referencia directa a cómo el diseño actual del beneficio puede fomentar su mal uso.

Oportunidad única de mejora en el corto plazo

Actualmente, el SIS permite acceder a pensiones completas por invalidez sin exigir años mínimos de cotización ni restringir el pago hasta la edad legal de jubilación. Esta flexibilidad genera incentivos perversos, que pueden ser aprovechados por personas sin causal médica real, en desmedro de quienes sí enfrentan una situación de invalidez legítima.

Como solución, diversos expertos recomiendan que, además de endurecer la fiscalización, se debe homologar el SIS al seguro de accidentes del trabajo, estableciendo que el beneficio se pague solo hasta la edad legal de jubilación e incluyendo cotizaciones previsionales. Esto permitiría reducir el abuso, proteger los recursos del sistema y reforzar su propósito original: apoyar a quienes quedan en estado de invalidez total o parcial permanente.

Para avanzar en ese cambio, hoy existe una oportunidad concreta: durante junio, el Gobierno ingresará al Congreso el proyecto de ley de reforma al SIS, exigido por la nueva reforma previsional.

Esta instancia se convierte en el momento clave para corregir las falencias del sistema y construir un diseño más equilibrado, que permita cumplir con el espíritu de protección del seguro, pero al mismo tiempo garantizar su sostenibilidad financiera y el acceso justo para quienes realmente lo necesitan.